Posturas de la militarización y prisión preventiva oficiosa
La candidata de la coalición Sigamos haciendo historia, Claudia Sheinbaum Pardo, se presentó este 20 de mayo en el programa Tercer Grado. Programa en el que fue cuestionada sobre la militarización y la situación de la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) en el país, pero ¿por qué es tan importante saber su postura sobre estos temas?
Para comprender la dimensión de estas problemáticas y la importancia que tienen en la vida política y pública del país, primero hay que entender a qué nos referimos cuando hablamos de militarización y de prisión preventiva oficiosa.
Para iniciar, la militarización es entendida como el despliegue de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública (además de las tareas de seguridad nacional) y tareas que generalmente son atendidas por autoridades e instituciones civiles, tales como controlar el flujo migratorio en las fronteras, vigilar tanto puertos como aduanas, la construcción y administración de grandes proyectos de infraestructura, como lo han sido la Refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Los otros datos
En nuestro país, la militarización es un tema que se ha estado manejando desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, mismo que al llegar a la presidencia en 2006, anunció esta “estrategia” como una medida temporal para poder fortalecer a las distintas policías e instituciones. Sin embargo, esta medida no tuvo fin, pues se prolongó hasta el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y sigue vigente con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, aun cuando una de sus promesas de campaña fue “regresar a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles”.
Según datos del Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en su Inventario de lo militarizado, se ha registrado que, entre 2006 y 2021 el Ejército ha intervenido en al menos 234 tareas que correspondía ejecutar a autoridades civiles. Además, se ha notado un aumento en la letalidad de las Fuerzas Armadas pues, la proporción de civiles fallecidos por cada civil herido durante el sexenio de Felipe Calderón fue de 3.9, con Peña Nieto fue de 3.3 y con la de López Obrador se ha calculado en 4.4.
Por otro lado, datos recabados por la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol), arrojan a que la frecuencia de reportes por tipo de violencia es mayor cuando las detenciones son realizadas por Fuerzas Armadas que por Autoridades Civiles. En este contexto, los eventos de violencia psicológica aumentan más del 10%, los eventos de violencia física aumentan aproximadamente el 20% y casi el 50% de las personas detenidas han sufrido violencia sexual en manos de las Fuerzas Armadas.
Dicho lo anterior, se esperaría que la postura de la candidata, quien se ha autonombrado como una candidata de izquierda, sea en contra del modelo de militarización que evidentemente ha fallado en resultados y en el respeto a los Derechos Humanos (DDHH), sin embargo, lo que declaró dejó mucho que desear, pues al ser cuestionada sobre su postura, ella respondió que “no hay militarización” y que buscará consolidar la Guardia Nacional con mando militar. Dicha afirmación (¿o amenaza?) solo deja ver que, en caso de llegar a la presidencia, efectivamente impulsará muchas (si no es que todas) de las reformas del paquete que fue enviado por el jefe de Estado el pasado 5 de febrero del presente año.
¿Qué son los Derechos Humanos (DDHH)?
Los DDHH, son los Derechos que todos los seres humanos deben tener sin importar su clase social, etnia, color, religión, género o nacionalidad. Estos son interdependientes e indivisibles, por lo que están contemplados y garantizados en las leyes del Estado y por el Derecho Internacional, el cual establece la obligación que tienen los gobiernos de promoverlos y protegerlos.
En México, los DDHH aparecían en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 como “garantías individuales”, lo que hacía parecer que en realidad no estaban homologados como se decía en los diversos tratados internacionales, por lo que el 10 de junio de 2011 que se publicó una reforma constitucional para sustituir el término “garantías Individuales”, por “Derechos Humanos y sus Garantías”.
La afirmación de la existencia de los DDHH en la Constitución, sin duda fue un gran paso, pues consigue constatar lo que se había firmado en tratados internacionales, ya que el término “garantías individuales” no era utilizado y esto daba paso a diferentes interpretaciones, que a su vez vulneraba la seguridad e integridad de las personas.
En nuestro país existe una institución encargada de salvaguardar los DDHH, esta institución es la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sin embargo, cuando esta instancia ya no es suficiente, se acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
¿Y la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO)?
Cuando hablamos de Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), forzosamente tenemos que mencionar el articulo 19 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En dicho artículo se plantea que es posible enviar de manera automática a prisión a las personas acusadas de una serie de delitos, en la primera fase del proceso judicial, sin que lo decida un juez.
Sin embargo, esta parte de la Constitución ha hecho que el país entre en conflicto con los diversos tratados que ha firmado en favor de los DDHH, especialmente con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo en el que se establece que la prisión preventiva no debe ser impuesta como una regla, y con los estatutos de la CIDH, pues en ellos se asevera que la PPO no solo viola el derecho a la libertad, sino a muchos otros que pueden ser violados por las autoridades responsables de hacer cumplir dicha medida además, de hacer de lado la esencia del Estado democrático y evidenciar la dudosa calidad de la administración de la justicia.
En tanto al posicionamiento de la candidata Claudia Sheinbaum Prado sobre dicho tema, simplemente decidió reafirmar la postura que tomó en el último debate presidencial del pasado 19 de mayo, es decir, en contra de su eliminación y refiriéndose nuevamente como “los más de 60 mil delincuentes que serán liberados” en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haga caso de las sentencias impuestas a México por la CIDH desde 2023. Dicha postura no solo deja ver el poco o nulo interés sobre el Estado de derecho, sino que también demuestra que la agenda de DDHH no es algo a lo que se le vaya a dar prioridad en caso de que sea ella quien este gobernando el próximo sexenio.
¿Cuál fue la sentencia al Estado mexicano por parte de la CIDH?
En la sentencia hecha por la CIDH, se dedujo que la PPO es dictada por Estado mexicano de manera inmediata cuando los delitos parecen pertenecer a la categoría de delitos graves, sin embargo, no todos los casos son analizados, lo cual provoca que cada vez más personas estén siendo privadas de su libertad mientras esperan una sentencia. Dicho esto, también se viola el llamado Derecho a la presunción de inocencia, es por ello que se ordenó a México adecuar su normatividad interna y sustituirla por la llamada Prisión Preventiva Justificada (PPJ).
Lo que pretende la PPJ es no ser aplicada de manera inmediata ni por la tipificación del delito, sino a partir de un análisis más completo de los riesgos que implicaría dejar en libertad a los presuntos culpables. Además, parte del argumento de que, si los imputados conservan su libertad bajo la presunción de inocencia, hay probabilidades importantes de que se fugen, de que los testigos o víctimas estén en riesgo, y de que se manipulen las pruebas o que pase cualquier otra cosa que afecte la eficacia de la justicia.
Entonces, ¿Cuál es la importancia de saber las posturas de la candidata?
La importancia radica en visualizar cuál es el futuro de le depara a la ciudadanía en caso de que sea esta candidata quien gobierne el país durante los próximos 6 años, y tratar de ver cuales son temas de verdadera relevancia para ella y cuales simplemente son evadidos.
La militarización, la Prisión Preventiva Oficiosa y en general el tema de Derechos Humanos, es algo que sin duda debe preocupar a gran parte del electorado, pues de la atención que se le de a estos temas, dependerá qué tan en juego estará la consolidación de la democratización que tanto se ha prometido. Hoy estas son las problemáticas descalificadas por la candidata con mayor preferencia de los votantes pero, ¿mañana cuales serán los temas que no querrá atender?