AMLO exhibe lista de delincuentes de cuello blanco
En un reciente acto público, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió durante la mañanera una lista de presuntos delincuentes de cuello blanco que evaden impuestos y gozan de impunidad judicial. Pidió que se mostrara, sin nombre, la lista de 13 empresas entre las que hay refresqueras, cementeras, gasolineras, equipos de futbol, petroleras, del sector alimenticio, tiendas departamentales, legales entre otras. Esta acción deja en debate la integridad del sistema judicial mexicano y la ética en la aplicación de la ley.
“Vamos a dar a conocer la lista de los casos en donde hay deudas con la Hacienda Pública y han pasado, en algunos casos, un año y no hacen nada, están archivados los expedientes”, dijo durante la mañanera del miércoles
El presidente ha denunciado reiteradamente la corrupción arraigada en las altas esferas del poder económico y político, y sus esfuerzos por exponer estos casos parecen reflejar un deseo genuino de transparencia y justicia.
En una democracia saludable, la separación de poderes es fundamental. La independencia judicial garantiza que las decisiones judiciales se basen en la ley y no en consideraciones políticas o populares. Exhibir listas de presuntos delincuentes antes de que sean juzgados puede comprometer este principio crucial. La presunción de inocencia es un derecho fundamental que no debe ser socavado por la exposición mediática prematura.
“¿Cómo va a estar bien el Poder Judicial así? ¿Para quién trabajan?”, cuestionó al acusar al ministro Luis María Aguilar por tener guardado un expediente sobre el pago de impuestos de Ricardo Salinas Pliego.
Por otro lado, la ineficiencia o presunta corrupción dentro del sistema judicial es un problema real que no se puede ignorar. Los casos de evasión fiscal y corrupción deben ser investigados a fondo y juzgados de manera justa y transparente. Los jueces tienen la responsabilidad de garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su estatus social o económico, sean tratados igualmente ante la ley.
Las acciones del presidente, si bien pueden reflejar su compromiso con la justicia, también plantean interrogantes sobre la objetividad y la imparcialidad en el proceso judicial. La utilización de plataformas públicas para exponer nombres y acusaciones podría tener consecuencias adversas, incluida la influencia indebida en los procesos judiciales y la estigmatización pública sin juicio previo.
En última instancia, la lucha contra la corrupción y la impunidad debe ser una tarea compartida entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, cada uno desempeñando su papel sin interferencias indebidas. Es crucial que las instituciones democráticas de México fortalezcan sus mecanismos de rendición de cuentas y transparencia para restaurar la confianza pública en el sistema judicial.